¿ESTÁ BIEN QUE DIPUTADOS y SENADORES PUEDAN AUMENTARSE EL SUELDO ELLOS MISMOS?

Hace pocos días los diputados y senadores de la Nación se aumentaron el sueldo un 40%. ¿Está bien o está mal?

En principio sabemos que, en general, es la parte empleadora la que decide dar o no un aumento salarial a la parte trabajadora. Esta última, entonces, para asegurarse de obtener sus aumentos salariales y derechos, se organizan (en gremios y sindicatos) para exigir mejoras en su remuneración. Así, dos partes son las que protagonizan la famosa puja salarial.

También sabemos que hay trabajadores en el Estado, como por ejemplo los docentes que, organizados como en la esfera privada, también participan de la puja salarial con la otra parte, en este caso con el Estado. De modo que es el Estado, visto como un todo, quien representa al empleador de estos trabajadores.

Pero en el caso que nos ocupa, ¿la relación entre partes es la misma?

El Poder Legislativo está compuesto por representantes políticos de la comunidad. Cada banca representa al pueblo que los eligió. Para llevar adelante su labor, estos diputados y senadores tienen colaboradores funcionarios y empleados permanentes y, además, contratados por el tiempo del mandato de cada uno de los legisladores. Su tarea es legislar, es decir hacer leyes que favorezcan a los intereses del pueblo que representan.

Los legisladores no son empleadores de ellos mismos.

Si bien no se nos escapa que los trabajadores que colaboran con los legisladores, son eso: trabajadores a quienes le asisten todos los derechos laborales consagrados por el ordenamiento jurídico, los cuales cabe que sean asimilados, por ejemplo, a los docentes; también es relevante aclarar que los legisladores elegidos por el pueblo no son el Estado visto como un todo, tampoco sus empleadores y menos los legisladores son empleadores de ellos mismos.

El poder legislativo es una de las tres partes del Estado, y en términos teóricos la más importante, porque son los representantes más directos que tiene el pueblo.

Meses antes de la Revolución Francesa de 1789, el Rey Luis XVI convocó a los intelectuales de Francia para que lo ayude a organizar la asamblea de los Estados Generales para definir el cobro de los impuestos. Uno de esos intelectuales, el abad Sieyès, le dijo al Rey que antes que nada debía terminar con los privilegios de la nobleza y sancionar una constitución. Pero no era él, el Rey, justamente quien tenía esa facultad, sino la nación de Francia, puesto que quienes pagan los impuestos son los ciudadanos franceses.

El abad Sieyès además le dijo que los representantes, en quienes el pueblo depositaría su confianza como procuradores de sus intereses, no debían ser “abandonados a ellos mismos”, puesto que “si pudieran sustraerse a la dependencia del cuerpo de accionistas [de la nación] no tardarían en poseer un interés separado y propio, un interés que viviría a expensas del interés general y se convertirían, de hecho, en los amos”.

Que los legisladores puedan auto-aumentarse el sueldo es un privilegio que debe revocarse.

Así fue como la Revolución Francesa terminó con la clase noble y con todo tipo de privilegios que ostentaban los representantes de la nación, ajustando procedimientos para asegurar facultades limitadas sobre sus representantes. La Argentina tomó su ejemplo en la organización del Estado nacional y eliminó todo tipo de prerrogativas que significaran un privilegio respecto de la nación.

La pregunta inicial es valorativa, por lo tanto opinable. Para algunos estará bien, para otros estará mal. Pero en ambos casos no se puede desconocer que la atribución que tienen los diputados y senadores para auto-aumentarse el sueldo a su libre criterio es, ni más ni menos, un privilegio.

No hay puja salarial entre empleadores y trabajadores, hay, por así decirlo, puja de conciencia entre el contexto en que diputados y senadores deciden valorar su desempeño. Y en el momento actual en que vivimos, cuyo desempeño en su gran mayoría resulta al menos reprochable ―puesto que raramente vemos que las cámaras legislativas aporten alguna solución que redunde en el interés del pueblo―, no parece propicio aumentarse el sueldo en un porcentaje que los trabajadores de la nación no tienen.

Es más, en un contexto en que hay 70% de pobreza infantil en la provincia de Buenos Aires, miles de Pymes y comercios cerraron sus puertas y millones de trabajadores no logran cubrir la canasta básica de alimentos, la decisión de auto-aumentarse el sueldo un 40% parece obscena y fuera de toda sensibilidad social.

Pero, por sobre todo, esa posibilidad de decidir por sí un aumento de sueldo es un privilegio que debería revocarse, puesto que queda demostrado (sobre todo en tiempos de crisis como el que vivimos) que los legisladores no son capaces de sostener el mandato de ajustarse al interés general y, como diría el bueno de Sieyès, ni bien ellos se sienten librados del control de sus mandatarios (el pueblo), no tardan en actuar separados de la realidad y en interés propio, como si fueran aquella vieja clase noble privilegiada que ostentaba los privilegios que hace tiempo abolió nuestra Asamblea del año XIII.

Sergio Carciofi, junio de 2021