Covid y Educación: el desopilante fallo de la Cámara porteña

El reciente fallo de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo  de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos  “Fundación Centro de Estudios en Políticas públicas S/ Incidente de Queja” (Número: INC 108441/2021-1), que hace lugar a la medida cautelar denegada en primera instancia y, en consecuencia,  dispone la suspensión del art. 2°, párrafo tercero del DNU n° 241/21 dictado por el PEN y ordena la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, no hace más que contribuir a un diálogo de sordos entre las instituciones del país.

En principio retuerce toda la lógica que en cuestiones de competencia resulta aplicable. Basta decir que, conforme art. 7 del DNU 241/2021, el cumplimiento recae sobre Gobernadores, Gobernadoras y Jefe de Gobierno de CABA e Intendentes, y por lo tanto su incumplimiento o desacuerdos susceptibles de ser ventilados judicialmente son de competencia federal. Es más, el Jefe de Gobierno de CABA fue a peticionar ante la Corte Suprema y no a los tribunales de la ciudad, porque le consta esto. De modo que el fallo de la Cámara porteña lo que hace es entrometerse en una confrontación entre dos decisiones políticas que le son absolutamente ajenas a sus atribuciones, incluyendo también la cuestión de fondo.

¿Cuál es el punto? Parece que no lo hay

¿Cuál es el punto? La Cámara porteña en su fallo se extiende en argumentos para afirmar que “la Ciudad Autónoma cuenta con potestades exclusivas para organizar el sistema educativo en su jurisdicción y que, en caso de omitir tal mandato constitucional, peligra el goce de su propia autonomía” Es decir, reitera: “que lo atinente a la prestación de la educación […], es una competencia netamente local, cuya regulación le compete a la Ciudad y no al Estado Nacional. Lo contrario, implicaría vulnerar la autonomía local, con grave afectación del sistema republicano de Gobierno”. En definitiva confronta una cuestión de debate exclusivamente federal. En el barrio le diríamos, ¿quién te dio vela en este entierro?

¿Cuál es el punto? La Cámara porteña entonces prosigue diciendo que “En concreto, se modifica la norma [el art. 10 del DNU 235/2021], pero sin motivarse en datos epidemiológicos concretos sobre el área educativa de la Ciudad que justifiquen razonablemente un nuevo cierre de las escuelas” En principio a qué datos concretos se refiere, porque no lo dice el fallo. Y, por otra parte, ¿Cuál sería una justificación razonable? Sin perjuicio de que los considerandos del DNU en cuestión advierten claramente cuál es la situación epidemiológica, lo cierto es que el avance peligrosamente exponencial de las infecciones de COVID es admitido por todos y todas en todas y cada una de las jurisdicciones, y que la tendencia es que los contagios van en crecimiento. También algo reconocido por todos es que esta enfermedad que padece el mundo es mortal, no en porcentajes, en números: más de 3 millones en el mundo y casi 60 mil en Argentina. Por cuanto debemos suponer que, por más mínimo sean los contagios en el aula, el crecimiento general pone en claro riesgo a toda la comunidad educativa de sufrir alguna muerte, sea de un estudiante, un docente o un no-docente. Lo razonable entonces es que la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora corran a favor de las medidas tendientes a atacar el crecimiento del coronavirus que padecemos, no lo contrario. No obstante, parece que el tribunal banaliza el hecho de que pueda producirse una muerte en el sistema educativo, al mismo tiempo que subestima las advertencias científicas de las nuevas cepas y los datos concretos que nos aportan las experiencias en otros países. De algún modo lo reconoce cuando en el punto 8 del fallo exige al gobierno de la Ciudad que “presente un informe durante el viernes próximo sobre la evolución de la situación epidemiológica”.

¿Cuál es el punto? Finalmente, de modo muy acotado, la Cámara porteña resalta el derecho a la educación y, entonces, grandilocuentemente declara: “La concepción del derecho fundamental a la educación como piedra angular del Estado constitucional de derecho, implica otorgarle categoría de derecho humano básico, no sólo en orden a los individuos sino al sistema mismo, dado que sí se violenta severamente esta libertad, se ponen en jaque los demás valores y principios inherentes a la sociedad democrática”. Y sin dar mayores explicaciones respecto del tema discutido, que es la presencialidad en las aulas, pasa a resolver sobre la supuesta autonomía vulnerada de la Ciudad.

¿Cuál es el punto? Parece que no lo hay. Si el punto en cuestión es la autonomía de la Ciudad violada por el Ejecutivo Nacional, entonces no es de su competencia. Y si el punto en cuestión es la violación del derecho a la educación, tal violación es inexistente, y por lo tanto abstracto todo tratamiento judicial de la cuestión. Lo que es indudable y tampoco se cuestiona es que el DNU 241/2021 dispone medidas tendientes a resguardar la salud pública, y esto sí es relevante, de un modo temporal (durante dos semanas) Y, en lo que refiere a la educación, solo establece la suspensión temporal de la presencialidad en las aulas. No se suspenden las clases, pasan a ser virtuales. Los docentes deberán continuar trabajando y los alumnos y alumnas estudiando. Y si hilamos fino, conforme protocolos, en muchos casos solo reemplazando los días presenciales (que en algunas escuelas son alternados) por virtuales, vuelvo a repetir, por dos semanas.

Desopilante: Larreta se verá obligado a ejecutar lo que ordena una ONG y no el gobierno nacional

El punto entonces sería propiciar un diálogo institucional de sordos para forzar argumentos que, luego de varios saltos mortales, pueda darle al gobierno de CABA la posibilidad de anunciar públicamente que en la Ciudad hay presencialidad en las aulas, dando así un golpe de efecto político-electoral. En otras palabras, como no había manera de argumentar un fallo desde la violación al derecho a la educación, que no lo hubo, se intenta forzar el argumento de la autonomía fundado solamente en que “una decisión contraria implicaría un excesivo apego a las normas procesales” (punto 2, párrafo cuatro del fallo) Es decir apartándose de toda la reglamentación procesal vigente que perturbe el fin del tribunal de confundir y violentar las instituciones republicanas para un claro propósito político.

La parte resolutiva es desopilante: En resguardo de la autonomía de la Ciudad suspende “lo dispuesto en el art. 2°, párrafo tercero del DNU n° 241/21” y seguidamente ordena “al GCBA que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases”. Es decir que, fuera de su competencia, la Cámara porteña le devuelve a la Ciudad la supuesta autonomía violada y paralelamente, por pedido de una ONG le dice que haga todo lo contrario a lo que el Ejecutivo Nacional le pidió. En la práctica, el gobierno de Larreta se verá obligado a ejecutar una decisión política ordenada por una ONG y no por el gobierno nacional.

Muchos de los artífices de estos mamarrachos jurídicos y también legislativos, se ufanan de ser grandes defensores de la República. Deberían volver un rato a las fuentes y reflexionar sobre el temor que J. Madison expresaba sobre las personas que ocupan las instituciones. Decía que las instituciones deberían estar constituidas “de manera que sus miembros tengan que recordar a menudo hasta qué grado dependen del pueblo […] antes de que los sentimientos grabados en su mente por el origen de su elevación sean borrados por el ejercicio del poder”.

Sergio Carciofi, abogado.