SOBRE EL ESCANDALOSO FALLO DE LA CORTE PORTEÑA SOBRE VACANTES ESCOLARES

La falta de vacantes escolares en CABA es desesperante. Cientos de padres cada año chocan contra la frialdad de un sistema online que no les da respuesta y los deja en un estado de permanente espera. De este modo pasa el tiempo y los niños y niñas de la Capital pierden años de escolaridad sin que el gobierno de la Ciudad asuma su responsabilidad y de soluciones concretas al problema.

Toda vez que un padre solicita una vacante para sus hijos y no es otorgada, se viola el derecho de acceso a la educación consagrado claramente en la Constitución Nacional, los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Constitución de la Ciudad y la ley 26.206 de Educación Nacional. Específicamente, el artículo 23 de la Constitución de la Ciudad establece: “La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática” y en su artículo 24: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.

Ante este agravio al derecho a la educación, como es el caso, los padres tienen como herramienta para hacerlo valer, y hacer cesar de forma rápida y expedita la falta de vacante para sus hijos, a la Acción de Amparo, que es un derecho y una  garantía establecida en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad.

El reciente y desopilante fallo del Tribunal Superior de Justicia de CABA (TSJ), que revoca la decisión de los jueces de primera instancia y de Cámara que obligaban al gobierno de la ciudad a dar una vacante al amparista,  en los autos “GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: N. B. H. c/ GCBA s/ amparo – educación – vacante” (Expte. n° 15955/18), va en contra directamente no solo del derecho a una vacante a todos los niños y niñas de la Ciudad, sino que también va en contra y agrede la garantía constitucional de reclamar mediante la vía de la Acción de Amparo a una gran mayoría de ciudadanos de la CABA.

El fallo resume todas las tretas, vericuetos y artilugios procesales y conceptuales que el GCBA utilizó para incumplir con las vacantes.

Los llamativos y ridículos argumentos del TSJ son, y citaré textual los votos de los jueces: (i) que “El Estado […]  no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquél que la solicite con independencia de su condición social o de sus posibilidades de procurarse una vacante en el subsistema privado”, del voto de la jueza Marcela De Langhe; (ii) que “mientras el Poder Legislativo no asigne los fondos suficientes para la universalización del sistema público de educación inicial, el Poder Ejecutivo debe gestionar las vacantes disponibles en el sistema y asignarlas conforme a algún criterio de prioridad”, del voto de la Jueza Marcela De Langhe; (iii) que “pueden inferirse de otras normas constitucionales […] que, ante la inexistencia de vacantes suficientes para cubrir la demanda producto de las elecciones que los ciudadanos efectúan libremente, las vacantes disponibles sean destinadas a los sectores de menores recursos” del voto de la jueza Marcela De Langhe; (iv) que “la decisión de la Cámara que obliga al GCBA a proveerle necesariamente la vacante a la parte actora, se inmiscuyó en el ámbito de actuación propio de los otros dos poderes del estado […] lo cual resulta refractario con el principio de división de poderes que estructura el ordenamiento jurídico de la Ciudad”, del voto de la jueza Inés M. Weinberg; (v) que “el Estado local tiene obligaciones diferenciadas en lo que respecta al mantenimiento del sistema de educación obligatoria y no obligatoria.” , del voto del juez Santiago Otamendi; (vi) que “Todos aquellos en los que la parte actora pretende que se le asigne una plaza en el sistema de educación inicial deberían haber tramitado como una única acción de clase desde el comienzo. De ese modo, el reparto de los cupos se habría realizado con arreglo a estándares iguales para todos los beneficiarios, sin distinción entre aquellos que obtuvieron una sentencia favorable antes que otros”, del voto del juez Luis Francisco Lozano; (vii) que “el GCBA demandado tiene derecho a que la parte oponente se constituya como clase y, en consecuencia, a litigar en un único proceso”, del voto del juez Luis Francisco Lozano.

El TSJ resume en este fallo todas las tretas, vericuetos y artilugios procesales y conceptuales que el gobierno de la Ciudad utilizó para incumplir de modo sistemático y organizado con su obligación de otorgar vacantes a todos y cada uno de los niños y niñas de la ciudad, sin distinción.

El fallo del Superior Tribunal representa una embestida más del gobierno de CABA para no asumir su obligación de asegurar el acceso a la educación a los porteños.

Como no podemos extendernos en esta nota para refutar pormenorizadamente cada uno de los sorprendentes argumentos de los jueces citados, señalaremos los conceptos más evidentes, los cuales, sin embargo, bastarán para concluir fácilmente que lo resuelto por el Tribunal Superior es en sí mismo un agravio y contradice los derechos constitucionales en cuestión: (i) La educación es un derecho humano y como tal debe tener un carácter progresivo hacia su plena satisfacción y universalización. Es justamente el Estado, conforme los asignan la Constitución y las leyes, quien tiene la obligación de proveer su acceso, es decir una vacante. Por esta razón, más allá de que los ciudadanos tengan la posibilidad o no de acceder a una educación privada, no puede ser justificación para no dar una vacante la demora del Estado en cumplir con su obligación. Cuando la jueza Marcela De Langhe argumenta que el “El Estado […]  no tiene la obligación inmediata” ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir?, ¿que la obligación del Estado es mediata o diferida?, ¡en qué norma se señala semejante cosa!; (ii) La jueza De Langhe justifica el hecho de que no hay vacantes suficientes porque, reconoce, faltan fondos destinados a la educación. Y como solución, no tiene mejor idea que sugerir asignar las vacantes “conforme a algún criterio de prioridad”. ¿Cuál sería el criterio de prioridad? ¿Los que llegan primero tienen vacantes y lo que están al fondo de la lista no? Tal criterio no es el que está definido por las resoluciones 3.337/MEGC/2013 y 3571/MEGC/2015, que la jueza menciona, puesto que las mismas no están destinadas a justificar el hecho de dejar afuera del sistema educativo a cientos de niños y niñas porteños, y si así fuera tales resoluciones son inconstitucionales y por tanto nulas. Más bien el argumento de la jueza nos arroja a una incertidumbre que termina por enredarse en argumentos un tanto psicópatas que son de uso habitual del gobierno de la ciudad, tales como: “los fallos que nos obligan a dar vacantes implican excluir de la institución a un niño con vacante asignada”; (iii) la jueza De Langhe cierra su círculo argumental con una falacia ad populum apelando a un supuesto beneficio de los sectores de menores recursos, cuando en la práctica son hoy los más afectados y lo hace forzando la interpretación de normas que son muy claras: “pueden inferirse de otras normas constitucionales […] que, ante la inexistencia de vacantes suficientes […] las vacantes disponibles sean destinadas a los sectores de menores recursos”. La inferencia desnaturaliza lo que la norma dice y lo que hace la jueza es decirnos que las leyes no dicen lo que dicen y que dicen lo que dicen otras leyes, variante de un “interpretativismo” extremo que, por tener consecuencias dañosas e irreparables en este caso, resulta inadmisibles que así sea planteada por un magistrado superior; (iv) la jueza Weinberg, por su parte, se ocupa de atacar el fallo de Cámara que ordena al gobierno de la Ciudad a darle una vacante al amparista, desde el principio republicano de división de poderes: “la decisión de la Cámara […] se inmiscuyó en el ámbito de actuación propio de los otros dos poderes del estado” Su aparición en el hilo argumental del fallo no es feliz. En efecto, la jueza preopinante sugiere al Poder Ejecutivo que aplique “algún criterio de prioridad” al tiempo que acusa al Poder Legislativo de tener que hacer esa sugerencia “mientras […] no asigne los fondos suficientes” ¿No es esto inmiscuirse en el ámbito propio de los otros dos poderes? ¿En qué quedamos?; (v)  por otra parte, el juez Otamendi suma a la confusión general afirmando que “el Estado local tiene obligaciones diferenciadas”. En verdad no hace más que confundir el carácter obligatorio o no de la escolaridad, según se trate de educación inicial, secundaria o terciaria, con la obligación que el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad le asigna al Estado: “de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades” Parece una mojada de oreja aislada pero no lo es, puesto que sigue la lógica del absurdo argumento de la jueza De Langhe cuando sostiene que “El Estado […]  no tiene la obligación inmediata”, cuando lo cierto es que la responsabilidad del gobierno es indelegable, no puede desentenderse y debe cumplir cuando el administrado se lo demande y lo requiera porque así lo establece la ley. El hecho de que parte de esa escolaridad tenga carácter obligatorio no faculta a la demandada a desentenderse o delegar su responsabilidad; (vi) finalmente el juez Lozano pega el salto mortal más audaz. Pretende desnaturalizar el carácter difuso del sistema de control de constitucionalidad enmarcando todos los reclamos en una acción de clase, es decir que este fallo que comentamos tenga efectos erga omnes, que sea aplicado a todos los amparistas y a los futuros accionantes perjudicados por la falta de vacantes. Es un intento sistemático del gobierno de la ciudad, que busca que todos los expedientes se acumulen en los autos “ACIJ c/ GCBA s/AMPARO (ART. 14 CCABA)” – Expte. Nº 23360, el cual refiere al desarrollo de políticas públicas educativas del periodo 2002/2006, es decir de hace 14 años. Sin que a la fecha, a pesar del acuerdo realizado en esos autos, se hayan aportado soluciones concretas para satisfacer la demanda de vacantes escolares. Se trata de una treta procesal dilatoria escandalosa, al punto de que llama la atención que un juez de tan alto tribunal se haga eco.

En definitiva, el fallo del Superior Tribunal de Justicia representa una embestida más del gobierno de CABA para no asumir su obligación de financiar, invertir y asegurar a todos los ciudadanos porteños el acceso a la educación, a la cual, como si fuera poco, se suma al proyecto de modificación de la Ley de amparo de la Ciudad (Ley N° 2145) para darle al Ministerio Público Fiscal mayores atribuciones para intervenir, inclusive de manera previa para evitar medidas cautelares, y desnaturalizar así el carácter expedito y rápido de la acción de amparo.

Es de esperar que nuevos fallos de primera instancia y de Cámara de CABA contradigan este escandaloso fallo del TSJ, de otro modo las abogadas y abogados deberemos extremar los esfuerzos profesionales para procurar sostener en los tribunales la vigencia del derecho a la educación pública que, por ahora, están siendo quebrantados y vapuleados hace años por las acciones y omisiones del gobierno de la Ciudad.

Sergio Carciofi, abogado.-

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