LOS TRIBUNALES ARGENTINOS DAN MIEDO

Todo lo que entendemos por derecho se reduce a tres ideas o conceptos: 1) la conducta o el hecho,  2) la norma o la pena, y 3) el procedimiento. Sobre estas bases se sostiene todo el edificio jurídico, incluyendo al famoso anhelo de justicia.

Sin la existencia de un hecho o conducta, no hay derecho. Por ejemplo, nadie puede ser ladrón si no cometió el hecho de robar, y nadie puede ser un asesino si no cometió el hecho de matar. De ahí la necesidad de conocer el hecho, de saber sí existió tal o cual conducta y si ésta se encuadra en alguna norma prevista por la ley.

Nuestra Constitución desde 1853 trató, inteligentemente, de evitar el sistema inquisitivo, pero hasta hoy no lo ha logrado.

La norma es la descripción de una conducta que la sociedad quiere o no quiere que exista. Todos preferimos que nadie robe o mate, entonces sancionamos una ley que diga que nadie debe robar o matar. Pero como solo con decirlo o escribirlo no nos aseguramos de que todos cumplan con la ley, ponemos como consecuencia de ese incumplimiento una sanción o pena. De modo que la norma es la descripción de una conducta que tiene como consecuencia una sanción: “al que matare a otro se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años” (artículo 79 Código Penal).

Sin embargo no todo hecho está prohibido por una norma que prevé una sanción. Por eso nuestra Constitución Nacional sostiene que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe” (artículo 19 CN). Pero nuestro Código Civil y Comercial de la Nación establece un deber genérico, el “deber de no dañar a otro” (artículo 1716 CCyCN) Por lo tanto, estás cuestiones nos anuncian la necesidad de que las normas sean interpretadas a la luz de los hechos para posibilitar que el Juez, en base al respeto de los procedimientos, pueda hacer una adecuada y razonable subsunción del hecho en la norma y así aplicar o no la sanción que le corresponde.

El procedimiento, finalmente, tiene como objetivo garantizar al juez (y sobre todo al ciudadano) que el hecho sea, primero, un hecho y luego que pueda o no ser encuadrado en una norma. Para ello se prevén una serie de garantías para que no cualquier juez pueda a su arbitrio condenar porque sí. De ahí que surgen las garantías procesales como la presunción de inocencia, derecho de defensa en juicio, debido proceso, juez imparcial, a utilizar medios de pruebas pertinentes, etc. Por consiguiente, el procedimiento tiene reglas específicas mediante las cuales la sociedad, y el juez sobre todo, debe ceñirse para llegar a una sentencia fundada en derecho.

Piensen que determinante resultan estas garantías cuando la pena es de muerte. En incontables casos han ejecutado la pena de muerte (por ejemplo en Estados Unidos) de manera equivocada porque uno de estos tres factores no funcionó en el juicio. Es decir, porque el hecho no existió, porque la norma fue mal aplicada o porque no se cumplieron con las garantías procesales.

Piensen que determinante resultan estas garantías cuando la pena es de muerte.

Pero, a pesar de estas garantías, el procedimiento del sistema penal argentino conserva su carácter inquisitivo: una denuncia penal (robo, homicidio, corrupción, etc.) llega a un juez de primera instancia y junto con el fiscal se ponen a investigar si el hecho existió o no, para ello los dos buscan pruebas e impulsan los procedimientos y, de paso, caratulan la causa con la norma que, en principio, ellos dos creen en que puede encuadrarse al hecho. ¿Se dan cuenta? El juez, es juez y parte y, además, tiene un colaborador: el fiscal. Entre los dos finalmente deciden el sobreseimiento por falta de pruebas o el procesamiento si creen que hay pruebas. Y de ahí arrojan la causa a tres jueces para que en un plenario oral se haga el juicio propiamente dicho.

Este sistema inquisitivo es inconstitucional porque la Constitución establece en su artículo 24 que “El Congreso promoverá […] el establecimiento del juicio por jurados.” También lo aclara, como si fuera poco, en los artículos 75 inc. 12 y 118. Y lo establece porque el juicio por jurados es un derecho y una  garantía ciudadana. Los jurados, que son los pares del acusado, son los que evalúan si el hecho que se imputa existió o no y dan un veredicto (dicen la verdad). En varias provincias fue instrumentando, pero no en el sistema penal nacional y federal. Por lo tanto mientras la garantía del juicio por jurados no exista, todos estamos al arbitrio, humor y conveniencia política de los jueces de instrucción penal, con sus amigos los fiscales que deciden a su antojo si tal o cual ciudadano van presos o no.

Esta situación coloca al sistema republicano de gobierno en una situación de fragilidad extrema. Porque lo cierto es que el fuerte presidencialismo hace que el poder ejecutivo ejerza una influencia avasalladora sobre los demás poderes del estado, y sobre todo en el poder judicial. Son los jueces de instrucción penal, y los fiscales, funcionales de las decisiones políticas del poder político de turno.

Nuestra Constitución desde 1853 trató, inteligentemente, de evitar el sistema inquisitivo, pero hasta hoy no lo ha logrado.

Claro que sobre cada palabra escrita acá, nacen infinitas interpretaciones y consideraciones jurídicas y filosóficas. Hay tantas razones como bibliotecas. Pero quise rápidamente repasar el esqueleto básico de nuestro derecho para que cada uno, con algunos elementos,  pueda reflexionar libremente lo que estamos viviendo los argentinos por estas horas. Y no se trata de defender a nadie en particular, sino de defendernos a todos de los abusos y las arbitrariedades de jueces que no respetan la naturaleza del lugar que ocupan. Hoy nuestros jueces aplican penas de cárcel sin hechos probados y sin aplicación de las garantías procesales, y está mal.

Hace poco un colega me decía: si querés justicia, no vayas a tribunales. Tiene razón. Y da miedo.

Sergio Carciofi, abogado.